•  Son más de 100 que se quedaron sin dicho pago, por lo que pidieron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que den cumplimiento.

Irineo Pérez Melo.  Ex policías de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, se manifestaron en el Parque Benito Juárez en Xalapa, para exigir a las autoridades estatales el cumplimiento de pagos que les adeudan desde hace más de una década y a más de cien de ellos se quedaron sin el pago del laudo laboral ganado, incluyendo a viudas.

Addher Óscar Juárez Téllez, en representación de los manifestantes solicitaron una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García, ya que de los 400 que integraban l corporación policiaca, a 167 de ellos se fueron a juicio y tras un recurso de mediación con la gobernadora Rocío Nahle García, se acordó dicho pago, pero no fue al total, a algunos ya no se les pagó.

Sin embargo, dejó en claro que el pago no se hizo conforme a derecho, pues a cada uno le correspondía más de 500 mil pesos, sino que les pagaron “lo que ellos quisieron -de 19 mil, 20 mil o hasta 40 mil pesos- y a algunos beneficiarios de los ex policías muertos no se les cubrió dicho pago, bajo el argumento que ya no tenían derecho”.

Originalmente, dijo, existía una lista oficial sellada por tres instancias: Gobierno del Estado, Unidad Administrativa y Fiscalía General del Estado, donde se encontraban enlistadas las personas afectadas y en su momento, el gobierno estatal dio a conocer que el pago ya había sido cubierto en su totalidad, con un monto aproximado de cuatro millones de pesos, lo cual es falso, porque aún existen afectados que no han recibido el recurso correspondiente, añadió.

“Cuando llegó el momento de pagar a los últimos diez, dijeron que ya se había totalizado el pago. Yo vi los cheques, sí existían, pero como algunos ya son finados, según los regresaron”, recalcó.

Recordó que el 1 de julio de 2015 interpusieron la denuncia penal correspondiente y de esa fecha hasta ahora, sigue pendiente el pagó para los familiares de los expolicías fallecidos y todavía faltan alrededor de cien los afectados, aunque el número exacto varía conforme se han ido ratificando casos ante la Fiscalía en Poza Rica.

Recordó que de la fecha en que ocurrió el evento que dio origen a las denuncias, se integró la carpeta y fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en Xalapa y posteriormente, en 2022, fue radicada en Poza Rica por incompetencia territorial.

En la actualidad enfrentan un futuro incierto porque, derivado de las inundaciones del pasado 10 de octubre del 2025, la carpeta de investigación y todo el expediente judicial, resultó seriamente afectado e inutilizado. “Ya no hay expediente, se inundó completamente”, reiteró.

Por este motivo, dijo, por último, acudieron a la Fiscalía General del Estado en Xalapa, pero que no fueron atendidos porque se trataba de día feriado, pese a haber viajado desde Poza Rica. Se pretendía pedir la intervención de su titular Lisbeth Aurelia Aguirre, pero no pudieron tener audiencia con ella pues su agenda está ocupada.

Finalmente, insistieron en tener una audiencia con la Gobernadora de Veracruz para que intervenga y se resuelva este problema que data ya de más de diez años.