• En lugar de pagar el adeudo, que alcanza los $10,000,00, ahora la acusa de robo agravado y se jacta de que la meterá a la cárcel.

Irineo Pérez Melo.  La señora Ana Delia García Rivera denunció públicamente ser denunciada por un delito (de robo) que no cometió y que considera una represalia por el hecho de exigir el cumplimiento del pago del trabajo doméstico que realizó por cinco años para la empresaria Gabriela Puente Palacios.

En una carta pública que envió a este medio de comunicación, refiere que ella es originaria de la localidad La Ventana, municipio de Coacoatzintla, Veracruz, y que en el 2020 salió de su comunidad con la esperanza de mejorar su situación económica y ofrecer una mejor vida a su familia.

El 1 de junio de 2020, dijo, comenzó a laborar como trabajadora del hogar para la señora Gabriela Puente Palacios, con domicilio en el fraccionamiento Villas Montaña, calle Cofre de Perote número 56, en el municipio de Banderilla, Veracruz. El acuerdo laboral fue un pago de $1,500 pesos semanales, de lunes a sábado, por labores domésticas.

Durante las primeras semanas se respetó el pago acordado; sin embargo, posteriormente la señora comenzó a incumplir con el pago completo, entregándole en ocasiones $500:00, otras $1,000:00, bajo el argumento de que después completaría el pago correspondiente, situación que persistió durante casi cinco años que laboró con dicha persona.

Explicó que, durante el último año, el adeudo llegó a aproximadamente $10,000.00, “cantidad que para mí era significativa debido a mi situación económica. Al solicitarle de manera respetuosa que me pagara lo adeudado, la señora se molestó, se negó a pagarme y posteriormente me despidió, sin cubrirme ningún pago”.

Mencionó que solicitó la orientación de una persona, pues desconoce lo que legalmente procede, y ésta le recomendó acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el área de Conciliación, ubicada en la avenida Ávila Camacho. En el año 2024 presentó la queja formal y se fijó una audiencia para el 8 de mayo de 2024.

“Acudí puntualmente a dicha audiencia. La señora Gabriela Puente no se presentó y envió en su representación a un abogado, quien antes de iniciar la diligencia me amenazó, advirtiéndome que ‘no sabía con quién me estaba metiendo’ y que la señora tenía influencias con las autoridades, incluso en la Fiscalía, en los juzgados y otros organismos del Estado de Veracruz, y que si continuaba tendría problemas. Por miedo y por mi situación económica, me retiré del proceso, ya que mi único objetivo era que se me pagara el salario que ya había trabajado”.

Posteriormente, dijo que recibió un citatorio de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para presentarse el 14 de mayo de 2024. “Al acudir, fui intimidada y maltratada verbalmente, y se me informó que existía una acusación en mi contra de parte de mi expatrona, por el supuesto delito de robo agravado, delito que nunca cometí. La señora Gabriela Puente tampoco se presentó a esa diligencia”.

Después de eso, dijo, no recibí ninguna otra notificación, por lo que pensé que el asunto había concluido. Sin embargo, recientemente se me hizo llegar un citatorio proveniente de los Juzgados de Pacho Viejo, el cual no me fue entregado directamente, sino que fue recibido por una de mis tías, quien actualmente labora en el domicilio de la señora Gabriela Puente Palacios.

Ese citatorio me convoca a presentarme el viernes 6 de febrero de 2026 ante los Juzgados de Pacho Viejo, Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, lo cual me causó gran temor, pues hasta ese momento yo desconocía completamente el estado legal de la situación. Al acudir a la Fiscalía para pedir información, se le informó que la carpeta de investigación ya fue judicializada. término que dijo desconocer, por solo haber cursado la educación primaria y no cuenta con recursos económicos para pagar un abogado.

Indicó que ha tenido conocimiento, por otras personas, de que la señora Gabriela Puente ha manifestado que “ahora va la suya” y que me meterá a la cárcel, lo que la mantiene en constante miedo y angustia, pues es madre de un bebé recién nacido, de escasos recursos, y jamás he cometido ningún delito.

Mi único “delito” fue exigir el pago de mi salario, el cual se encuentra acreditado mediante la queja presentada ante la autoridad laboral. Nunca he robado nada. Soy una mujer humilde, trabajadora y honrada, por lo que hago esta denuncia pública y solicito respetuosamente la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, para garantizar el pleno ejercicio de justicia y proteger mis derechos humanos y laborales, en el marco de sus funciones como titular del Poder Ejecutivo.

También de Minerva Regina Pérez López, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, para que se investiguen expresiones discriminatorias, amenazas, uso indebido de influencias y posibles irregularidades en el trato hacia mi persona  y de magistrados y Jueces de los Juzgados de Pacho Viejo, para que mi derecho al debido proceso sea garantizado con respeto, equidad y legalidad.

Es de mencionar que la señora Gabriela Puente en diversas ocasiones se dirigió a ella de manera humillante y discriminatoria, manifestándole que “qué le puedo hacer yo a ella, que soy una persona indígena, sin dinero, sin recursos”, y presentándose a sí misma como “empresaria”, refiriendo que cuenta con negocios denominados “El Hogar Eléctrico” —uno ubicado en Banderilla, Veracruz y otro en la avenida Atenas Veracruzana, en Xalapa, Veracruz— lo que constituye trato indigno, discriminatorio y abusivo hacia esta persona.